Pichilemu nació mirando al mar. Nuestra identidad, nuestra historia y buena parte de nuestra economía dependen de ese borde costero que, durante años, es el atractivo para miles de visitantes y el sustento para muchos vecinos. Pero basta caminar por la zona urbana, desde Infiernillo hasta Punta de Lobos, incluso Cáhuil, para darse cuenta de que ese patrimonio común hoy enfrenta una amenaza silenciosa pero constante: el desarrollo sin planificación.
No es casualidad. El Plan Regulador Comunal de Pichilemu —la herramienta que define en qué se puede construir, dónde y cómo— data de 2004, es decir, de otra época, otro contexto y otra ciudad. Hace 21 años Pichilemu era un balneario tranquilo y estacional; hoy es un polo turístico internacional, un destino deportivo reconocido y una zona urbana cuya población crece sin pausa. Pero seguimos gobernando ese crecimiento con una normativa diseñada para el pasado. Y la consecuencia está a la vista.
En los últimos años han proliferado construcciones sobre dunas, casas y cabañas levantadas a centímetros del mar, proyectos que tapan visuales y restringen de facto el acceso a sectores que deberían ser abiertos para todos. Y, al mismo tiempo, han surgido moles de cemento como el edificio donde antes funcionó el Rapa Nui, que alteran no solo la armonía del paisaje, sino también la relación histórica de nuestra comunidad con el borde costero.
Nada de esto es ilegal. Ese es justamente el problema.
El plan regulador vigente —creado en los años del exalcalde Jorge Vargas y luego “parchado” por las administraciones que siguieron, incluso la actual— permite estos proyectos. Lo hace porque fue concebido cuando la discusión ambiental era mínima, cuando el valor inmobiliario de Pichilemu no tenía la fuerza que tiene hoy. Se diseñó para otra ciudad, pero se sigue aplicando a la actual.
Y así, mientras los pichileminos son testigos impávidos de cómo se privatizan vistas, accesos y espacios que son parte de la identidad local, la municipalidad carece de instrumentos más actualizados para poner límites, ordenar el territorio y proteger lo que es de todos.
Hay dos riesgos que se mezclan aquí. El primero es ambiental. Construir sobre dunas o en zonas de protección natural no solo destruye ecosistemas frágiles: también agrava la vulnerabilidad ante marejadas, tsunamis e inundaciones. El propio Estado ha advertido que muchas de estas áreas son de riesgo alto, pero aun así se autorizan edificaciones porque el instrumento que rige no contempla criterios modernos de riesgo climático.
El segundo es social. Cada edificio mal ubicado, cada cierre, cada muro que se levanta frente al mar genera una privatización simbólica del espacio público. No hace falta colocar un portón para restringir el acceso: basta con construir de manera tal que los vecinos se sientan invitados a mirar desde lejos, no a ocupar. Eso nos quita algo que siempre fue nuestro: el derecho a disfrutar el borde costero sin barreras.
La responsabilidad acumulada no es menor. Durante dos décadas se optó por pequeñas modificaciones, ajustes marginales que intentaban “contener” situaciones puntuales. Pero nunca se impulsó una actualización integral del plan regulador que diera respuesta a lo que Pichilemu es hoy.
No basta con fiscalizar más: necesitamos reglas nuevas. No basta con lamentar lo construido: necesitamos impedir que siga ocurriendo. No basta con parchar lo que fue diseñado hace 20 años: necesitamos un modelo que proyecte los próximos 20 o 30.
Actualizar el Plan Regulador es una necesidad urgente para proteger nuestro patrimonio natural, ordenar la expansión urbana y equilibrar el desarrollo con la calidad de vida de los vecinos.
Significa definir zonas de protección estricta donde no se pueda construir, regular alturas y densidades para evitar nuevas “moles” frente al mar, garantizar accesos públicos reales, no simbólicos, incorporar criterios de riesgo por el cambio climático, además de involucrar a la comunidad en un proceso transparente y participativo.
El borde costero es un bien común. Cada decisión que se toma sobre él afecta no solo al presente, sino al futuro de nuestra comuna.
Pichilemu merece un desarrollo armónico, respetuoso, inteligente. Un desarrollo que no destruya lo que hace única a nuestra ciudad. Y para eso, lo primero es dejar de mirar hacia atrás y atrevernos a planificar hacia adelante. El mar seguirá ahí. Lo que no puede seguir es nuestra falta de visión.
DIEGO GREZ CAÑETE
Periodista y estudiante de Derecho